La subsidiariedad constituye uno de los principios fundamentales de la organización social en la tradición política europea y en la doctrina social cristiana. Según este principio, las instancias superiores de autoridad no deben asumir funciones que puedan ser desempeñadas de manera adecuada por comunidades más cercanas a la persona, como la familia, el municipio o las asociaciones naturales de la sociedad. Su finalidad es preservar la libertad social y evitar la concentración excesiva de poder, garantizando que las decisiones se adopten en el nivel más próximo posible a quienes se ven directamente afectados por ellas.
Desde esta perspectiva, la subsidiariedad no implica ausencia de autoridad, sino una ordenación equilibrada de competencias entre los distintos niveles de la vida pública. El Estado conserva un papel necesario cuando las estructuras inferiores no pueden resolver por sí mismas determinados problemas o cuando resulta imprescindible coordinar esfuerzos en beneficio del bien común. Sin embargo, su intervención debe tener carácter de apoyo, refuerzo o coordinación, evitando sustituir permanentemente a las realidades sociales que poseen capacidad propia para actuar.
Aplicado al ámbito político y social, el principio de subsidiariedad favorece una sociedad más participativa, plural y responsable, donde los cuerpos intermedios —familias, municipios, corporaciones profesionales, asociaciones civiles— desempeñan un papel activo en la vida pública. De este modo se fortalece el tejido social, se limita el riesgo de centralización excesiva del poder y se promueve una estructura institucional que reconoce la dignidad y la iniciativa de las comunidades que componen la sociedad.